El pulso económico de Tucupita no se mide hoy en las cajas registradoras, sino en la resistencia de quienes, detrás del mostrador, se niegan a bajar la Santamaría.
La reciente intervención de Adelaida Da Silva e Inés Figueroa, figuras cumbres de la Cámara de Comercio e Industria local en el programa “Amanecerá y Veremos”, ha dejado una realidad asfixiante: el comercio en el Delta no está compitiendo, está intentando no ahogarse en un océano de ineficiencia técnica y voracidad fiscal.
La radiografía presentada por Da Silva es demoledora. No se trata solo de la crisis país, sino de una pinza que aprieta por dos lados: servicios públicos que destruyen el patrimonio y una carga impositiva que ignora la caída del consumo.
El análisis de la Cámara arroja una alerta roja que la sociedad civil debe atender: el retorno forzoso a la informalidad. Este fenómeno no es una elección, es un mecanismo de defensa. Sin embargo, como bien apunta la dirigencia gremial, es un camino sin salida a largo plazo.
Por su parte, la visión de Inés Figueroa pone el dedo en la llaga de la coherencia administrativa. Existe un desfase absurdo, casi esquizofrénico, entre lo que un negocio produce en bolívares y lo que los entes recaudadores y de servicios (Corpoelec, Cantv) exigen bajo anclajes en monedas extranjeras o fórmulas de cálculo opacas.
No es una negativa al pago; es un grito de auxilio por el equilibrio. La pregunta que queda en el aire tras escuchar a estas líderes es cruda: ¿Cuánto más puede aguantar el dueño de negocio que hoy hace de cajero, carnicero y vigilante para no quebrar? Tucupita se sostiene por la fe de sus empresarios, pero la fe no paga facturas de servicios que no funcionan ni impuestos que devoran el capital de trabajo.


