El sector La Esperanza de Tucupita parecía transcurrir tranquilamente, hasta que el rugir de cuatro unidades motorizadas de la Policía Municipal rompió el silencio de la tarde.
No era un recorrido cualquiera; era el despliegue estratégico ordenado por el Comisario Ángel Romero, bajo la gestión del alcalde Asnardo Rodríguez, para limpiar las calles de quienes creen que pueden burlar la ley.
Eran las 4:50 de la tarde cuando el destino de R. A. Martínez R., un joven de 23 años, dio un giro drástico. Mientras caminaba por la vía pública, el brillo de los uniformes y el sonido de las patrullas activaron su instinto de huida. Su actitud evasiva y ese nerviosismo delator fueron la «bandera roja» que los funcionarios del Servicio de Vigilancia y Patrullaje Motorizado no dejaron pasar.
Los uniformados, con la precisión de quienes conocen su oficio, le cerraron el paso. Amparados en el Artículo 191 del COPP, procedieron a la inspección. En sus bolsillos no había nada, pero en su conciencia pesaba un secreto que el sistema no tardaría en revelar.
Lo que comenzó como una verificación de rutina se transformó en una captura de alto impacto. Al cruzar sus datos con la base del SIIPOL, el teléfono de los oficiales confirmó la sospecha: Martínez no era un ciudadano común. Sobre él pesaba una solicitud vigente desde el año 2020 emanada por el Tribunal Segundo de Control (Sección Adolescente), bajo el expediente YV01-D-2020-000011.
Aquel joven que pensó que el tiempo había borrado sus deudas con el Estado, se encontró de frente con la realidad. La justicia venezolana, paciente pero implacable, lo estaba esperando.
El procedimiento fue puesto de inmediato bajo la lupa de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público y la Juez de Control Dos (LOPNNA), quienes ahora se encargarán de que el detenido rinda cuentas por su pasado.

