Quizás uno de los “aportes” más importantes que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en cuanto al ejercicio de los derechos humanos, es haber desarrollado toda una estrategia jurídica y política para dejar a los ciudadanos sin esos derechos.

Amnistía Internacional, de acuerdo al twitter de Gonzalo Himiob, Foro Penal, y el Centro para los Defensores de la Justicia, han documentado y denunciado la política de represión que se ha aplicado sistemáticamente en Venezuela.

Eso pasa, por ejemplo, por métodos de represión calculada, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias y desapariciones de ciudadanos.

Todo con el fin último de silenciar la crítica y la disidencia.

A la luz de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), al gobierno de Nicolás Maduro,  debido a que en el país ninguna institución ha logrado “pararle el carro” a quienes ejercen el poder, sectores privados, ciudadanos, organizaciones civiles, ONGS, han tomado la iniciativa de llevar los casos ante ese organismo internacional.

Y claro que eso ha preocupado al gobierno porque una sentencia negativa contra la gestión pública, no haría sino aumentar la presión internacional sobre el gobierno, en algunas áreas o con algunos vecinos, pero no significaría la salida del poder, necesariamente.

En ese informe de Amnistía Internacional se detallan una serie de violaciones de derechos humanos como las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza, de manera sistemáticas y generalizadas, por lo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Una nueva narrativa

Desde 1958 hasta 1998, el país político pasó por una serie de evoluciones internas, dentro del modelo de modernidad occidental, que debió haber evitado que en Venezuela se viviera la situación actual.

Los gobiernos de Chávez y de  Maduro llegaron por la vía de los votos, no de un Golpe de Estado, cuyos promotores impulsan la violación de los derechos humanos como política de Estado para someter a los ciudadanos.

Pero las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han, por años, han consolidado una narrativa en la que las críticas a las políticas públicas, o cualquier actuación que sea percibida como de oposición, son rechazadas, censuradas y atacadas.

Se ha convertido en una política de Estado, la estigmatización de todo aquel que disienta de lo que el gobierno hace o dice.

Claro, en honor a la verdad, eso fue un esquema iniciado por Hugo Rafael Chávez Frías, nada más llegar al gobierno, pero en su caso, era militar por lo tanto eso es lo natural: La estigmatización de la disidencia porque la óptica no es en función del adversario sino del enemigo.

Ese no sería el caso de Maduro, quien además viene del sector sindical, uno de los más estigmatizados en cualquier parte del mundo.

Análisis estadístico a la represión en Venezuela

En el resumen ejecutivo del trabajo de investigación el Centro para los Defensores y la Justicia, el Foro Penal y Amnistía Internacional realizaron un análisis estadístico de actos de represión en Venezuela.

En 56 páginas, pusieron en evidencia  los distintos patrones en los que las detenciones arbitrarias por motivos políticos se interconectan con las estigmatizaciones de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos.

El informe se construyó sobre la hipótesis de partida, como se ha dicho, de la existencia de una correlación entre las detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones difundidas por medios de comunicación vinculados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Es decir, el gobierno usa la batería de medios de comunicación social que maneja para primero caerle a “palo limpio” moralmente a un ciudadano y luego procede, sobre la base de eso y por supuesto con un expediente sustentado en muchos casos sobre el instrumento estrella, la Ley del Odio, a detenerlo.

El trabajo logra establecer indicios sobre el funcionamiento de la represión, cuáles son sus actores clave y qué dinámica de represión se ha seguido a través de los años.

Para ello utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas  y las conclusiones obtenidas fueron contrastadas con estándares de derecho internacional de los derechos humanos y con derecho penal internacional, lo cual fundamenta el siguiente informe, el cual tiene como objeto determinar el patrón en el que las estigmatizaciones ocurren en ciertos momentos y provienen de ciertos actores, mientras que otros actores aplican otras medidas represivas como lo son las detenciones arbitrarias, sin identidad de las víctimas.

“A las bases de datos del CDJ -sobre estigmatización de personas defensoras de derechos humanos por parte de medios de comunicación cercanos al gobierno de Nicolás Maduro- y del Foro Penal – sobre detenciones arbitrarias por motivos políticos- se les aplicaron distintos modelos estadísticos como la correlación de Pearson, y otros de analítica descriptiva como análisis evolutivos y distribución de frecuencias porcentuales”, refiere el documento.

Además, para homogenizar la metodología se aplicaron distintas asunciones como: eliminar siete fechas de más de 60 detenciones arbitrarias diarias; la agrupación de las detenciones arbitrarias en los tres días siguientes a los eventos de estigmatización; y la filtración de los resultados a través de las herramientas de Qlik Sense que permitían observar las interacciones entre las distintas variables de manera automática.

A qué se llama estigmatización:

La Relatoría Especial para personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2011, definió las estigmatizaciones como la caracterización de personas defensoras como “terroristas”, “enemigas del Estado” u “oponentes políticos” por parte de autoridades estatales y medios de comunicación estatales y su uso para deslegitimar su trabajo, incrementando su vulnerabilidad a sufrir abusos y violaciones a derechos humanos.

El CDJ ha registrado los eventos de estigmatización en contra de personas defensoras a derechos humanos entre enero de 2019 y junio de 2021 en Venezuela, a través de medios de comunicación, públicos y privados, que tienen vínculos con el gobierno.

A menudo estos medios de comunicación, que pueden tener forma de portales web, programas de televisión y blogs, entre otros, utilizan los espacios para atacar, exponer y  hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

Al analizar la base de datos con más de 300 eventos de estigmatización entre enero 2019 y junio de 2021.

Los medios de comunicación que se repitieron con más frecuencia antes de que se produzcan arrestos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas fueron “Con el Mazo Dando”, “Misión Verdad” y el portal web “Lechuguinos”.

Al analizar los perfiles de los agentes de estigmatización sobresale la naturaleza jurídica de carácter público de varios de ellos y el financiamiento y amparo estatal de la producción a través del canal público de televisión que es Venezolana de Televisión (VTV) y de otros organismos públicos como el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), que replica el contenido de algunos de estos medios en su página web oficial, determina la investigación.

Detenciones arbitrarias en Venezuela

El informe señala que “en Venezuela las detenciones arbitrarias por motivos políticos han sido ampliamente documentadas por Organizaciones, nacionales e internacionales”.

Tales detenciones, y otros crímenes de derecho internacional, son cometidos como parte de un curso de acción que ha demostrado ser sistemático y generalizado y que lleva a creer fundadamente que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, insisten.

En el período bajo análisis se documentaron más de 1200 detenciones arbitrarias, recoge el trabajo de investigación de AI; CDJ y el Foro Penal.

Las detenciones arbitrarias por motivos políticos son practicadas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, entre ellos cuerpos de seguridad civiles y militares, algunos con competencias de salvaguarda del orden público, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y otros, con funciones de inteligencia e investigación preventiva, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Al cruzar la interacción de las variables de estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por motivos políticos, el análisis sobre los cuerpos de seguridad que intervienen en las detenciones indica que en todo el período bajo análisis ha habido cambios en las autoridades que han implementado la represión y que ejecutan las detenciones arbitrarias.

Si bien en el 2019 la GNB tuvo un rol primordial en las detenciones arbitrarias ese año -lo cual se mantuvo en el 2020- ya para el 2021 este componente militar no aparecía sino hasta el cuarto puesto en números de detenciones arbitrarias.

Por otro lado, la DGCIM, de índole militar se ubica como el segundo cuerpo de seguridad en realizar detenciones arbitrarias cada año.

Otra progresión importante ha sido cómo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han aumentado en las detenciones que han realizado.

Mientras que en 2019 ocupaban el quinto lugar de cuerpos de seguridad que detuvieron de manera arbitraria, para el 2020 fueron el tercero y en 2021 se coloca como la primera fuerza de seguridad en llevar a cabo las detenciones arbitrarias.

Por otra parte, el Poder Judicial y los tribunales involucrados en las detenciones arbitrarias varían también en los distintos años, y en particular debe destacarse el aumento en el último año del uso de tribunales no ordinarios para tratar los casos de detenciones arbitrarias.

Elementos que prueban la criminalización política

Probablemente el acceso público que se tiene a las estigmatizaciones permite ver con mayor claridad la motivación de discriminación política detrás de estos hechos, pero la forma en que se correlacionan con detenciones arbitrarias y con la criminalización de activistas políticos, puede ser tomado como un indicador de la persecución política a través de las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones en Venezuela, sostiene el trabajo de investigación.

Los analistas logran determinar en función de la actuación de los organismos y el año, cuando se utilizó tal o cual despacho para criminalizar la disidencia política.

Por ejemplo, al menos para el período 2019, se usó con más frecuencia a los tribunales con competencia en terrorismo para procesar a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, estuvieron estrechamente relacionadas (68%) y coordinadas con las estigmatizaciones llevadas a cabo por Misión Verdad.

Otro ejemplo, es que existe una alta correlación (65%) entre las actuaciones de los tribunales militares y las estigmatizaciones realizadas en Con El Mazo Dando, en especial cuando las detenciones arbitrarias fueron realizadas por fuerzas de seguridad militar durante todo el período bajo análisis.

“En particular, en el año 2020 ésta correlación alcanzó el 94%. En períodos específicos de denuncias de violaciones a derechos humanos ante los organismos internacionales, así como anuncios por parte de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas para Venezuela y la Corte Penal Internacional, los datos demostraron un aumento en los picos de represión con correlaciones entre el 70 y el 88%”.

Arbitrariedad como política de Estado

Se señala en el documento que la naturaleza arbitraria de las detenciones ha sido ampliamente documentada, pero los hallazgos de este informe indican con mayor certeza el carácter de discriminación política detrás de ellas.

“La correlación de las detenciones arbitrarias con las estigmatizaciones -que tienen un evidente carácter político- son indicadores de que la política de represión tiene un claro objetivo de discriminación política que afecta gravemente los derechos de las personas en Venezuela que opinan diferente al pregonado por el gobierno de Nicolás Maduro”.

Además, los periodos en los que se hace el análisis y hasta los tribunales a cargo de los casos de detenciones arbitrarias son un fuerte indicador de que la combinación entre detenciones y estigmatizaciones podrían constituir actos de persecución como crimen de lesa humanidad.

Concluyen los investigadores haciendo una serie de conclusiones y recomendaciones.

“En virtud de todas estas evidencias numéricas, las organizaciones consideran que la dependencia entre la narrativa discriminatoria (estigmatizaciones) y las violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias y la criminalización) podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos”.

Algunas de las conclusiones son la  falta de acceso a recursos internos para obtener justicia, verdad y reparación sobre estos hechos.

Que se incluya en la  investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en este informe, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución por motivos políticos.

Sugieren que continúe el apoyo hacia la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su mandato de aportar a la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.

Por: Carmen Carrillo